En el año 2012 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación al gobierno local en la cual exige el respeto al derecho que tienen todos los habitantes de la capital mexicana de gozar de un medio ambiente sano, así como de preservar, conservar, mejorar y vigilar todas las áreas verdes de su competencia, específicamente la zona Xochimilco declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987.

La resolución de la CDHDF fue emitida porque en 1998 un grupo de ciudadanos particulares invadió las tierras de “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco” para edificar sus viviendas de manera irregular sobre chinampas sin contar con los servicios básicos de agua potable y drenaje, por lo cual descargaban sus desechos a los canales, contaminando y favoreciendo a la extinción de la flora y fauna del lugar.

El documento de 52 páginas está dirigido al entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, a la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Urbano y Fomento a la Vivienda, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la Delegación Xochimilco.

En el texto, que puedes consultar aquí, se afirma que las “autoridades del Distrito Federal han incumplido con sus obligaciones de protección, garantía, prevención, investigación, sanción y reparación a la violación de los derechos” de las personas agraviadas luego de la invasión irregular de estas tierras.

Entre los principales puntos que destaca la Recomendación 19/2012 se encuentra la afirmación de que cualquier daño y violación al derecho de un Medio Ambiente Sano representa un “agravio a la humanidad entera y a los beneficiarios de la cultura”.

En él se incluyen los derechos de orden federal que tenemos los mexicanos desde nuestro nacimiento y que se garantizan en la Constitución, que en su quinto párrafo del artículo 4 establece:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo que establece la ley”.

Además, el texto incluye una resolución del Poder Judicial de la Federación que exige un deber de exigencia de respeto y sustentabilidad del entorno ambiental que implique su no afectación y la obligación de las autoridades a atender y vigilar cualquier daño.

Respecto a la jurisdicción local el documento cita al Programa de Derechos Humanos de Distrito Federal que en su capítulo 14 señala que se debe “respetar, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a un medio ambiente sano a las personas que habitan y transitan” por la capital del país. Además, la Ley Ambiental del DF que indica que es de utilidad pública la “preservación de ecosistemas y elementos naturales” de competencia local.

Por lo tanto,  la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal afirma que las áreas verdes, específicamente los humedales de Xochimilco, “constituyen un recurso de valor económico, científico, cultural y recreativo para la comunidad. Esencial en la adaptación del Cambio Climático y atenuación de sus efectos”.